Por Marcela Silva
Gemma había tomado una decisión que cambiaría su vida: poner fin a una relación de 13 años marcada por el control, los celos y la dependencia económica. El 1 de julio, a las 18, llegó al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) para denunciar a su pareja por amenazas. Un mes después, y con una prohibición de acercamiento vigente, fue asesinada.
Tras el femicidio, la coordinadora del CAVIG, Claudia Ruiz, reconstruyó la intervención realizada por el organismo desde la primera denuncia y explicó cuáles fueron las medidas adoptadas y los límites legales que enfrentaba la investigación.
La primera denuncia
Según relató Ruiz, Gemma manifestó que nunca había sufrido agresiones físicas, pero sí violencia económica y psicológica.
“La denuncia fue por amenazas. En las preguntas de rigor para contextualizar los riesgos, ella manifestó que nunca la había agredido físicamente, pero sí ejercía violencia económica y psicológica”, explicó.
Durante la entrevista también contó que su pareja no le permitía trabajar y que durante años había dependido económicamente de él. Apenas tres meses antes había logrado reincorporarse al mercado laboral.
Además, describió conductas de control permanentes.
“Manifestó actitudes de celos, que le controlaba el teléfono y que la perseguía. También contó que la había amenazado con ir a buscar a su jefe y decía: ‘Lo voy a reventar a piñas'”, señaló la funcionaria.
Cansada de esa situación, Gemma decidió abandonar la vivienda que compartían en el barrio Valle Grande, en Rawson. Ese mismo día habló con su madre para contarle que había decidido separarse.
Las medidas de protección
Tras recibir la denuncia, el CAVIG activó las herramientas previstas para este tipo de casos.
A Gemma se le ofreció alojamiento en el Hogar Aurora como medida de resguardo, aunque decidió permanecer en la casa de su madre. También manifestó que su pareja no poseía armas de fuego y que no creía que fuera a concretar las amenazas.
“Cuando se le preguntó si tenía miedo de que cumpliera las amenazas, respondió que no. Su mayor preocupación era el trabajo”, recordó Ruiz.
Ese mismo 1 de julio, a las 22.30, el fiscal Arancibia solicitó medidas de protección ante la jueza de Garantías Mabel Moya, quien las autorizó al día siguiente. Se dispuso una prohibición de acercamiento y el cese de actos perturbatorios por 90 días.
El 3 de julio el denunciado fue notificado personalmente por efectivos de la Brigada.
Paralelamente, Gemma fue evaluada por el equipo interdisciplinario del CAVIG.
“La psicóloga advirtió un vínculo disfuncional con una marcada dependencia económica y afectiva”, indicó la coordinadora.
¿Por qué no fue detenido?
Uno de los interrogantes que surgieron tras el femicidio es por qué el acusado permanecía en libertad.
Ruiz explicó que, al momento de la denuncia, el hombre no registraba antecedentes penales ni condenas.
“Se chequeó y tenía una planilla limpia. La escala penal del delito denunciado era excarcelable y no existían elementos para solicitar una detención”, afirmó.
Una nueva advertencia
El caso volvió a reactivarse el 28 de julio.
Ese día, Gemma regresó al CAVIG y presentó capturas de pantalla que mostraban nuevos contactos de su expareja, quien utilizaba como excusa el cuidado de la hija que ambos tenían en común para continuar hostigándola.
Al día siguiente se emitió una citación para que el denunciado compareciera junto a su abogado el 5 de agosto.
La notificación todavía estaba en trámite cuando ocurrió el femicidio.
“Nunca sabemos cuándo estamos frente a un femicida”
Para Ruiz, el caso refleja uno de los mayores desafíos que enfrentan quienes trabajan en violencia de género.
“Usamos todas las herramientas que teníamos. No se subestimó nada”, aseguró.
Y agregó una reflexión que resume la dificultad de estos casos:
“Nunca sabemos cuándo vamos a estar frente a un femicida.”
La funcionaria señaló que el organismo recibe alrededor de 40 casos por día y advirtió que muchas de las violencias que anteceden a los femicidios —como el control, los celos o la dependencia económica— suelen desarrollarse de manera silenciosa.
Gemma había denunciado, contaba con medidas de protección vigentes y había vuelto a pedir ayuda cuando el hostigamiento continuó. Sin embargo, la investigación sostiene que el hombre acusado de asesinarla transformó las amenazas en un crimen. Su historia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa cada caso de violencia de género: cómo fortalecer las herramientas de prevención cuando las primeras señales aparecen mucho antes del desenlace fatal.
