Decidió decir basta la madrugada del 23 de marzo pasado. Para entonces habían pasado diez años de relación y ocho de convivencia con ese empleado de feria, hoy de 34 años, con el que las cosas nunca habían fluido sin problemas. Según la mujer, aquella madrugada soportó sus enésimas escenas de celos durante un festejo al que habían asistido. Y lo peor, al llegar a casa, pasó de los insultos y los reproches a algo más grave, un ataque a golpes que derivó en un grave ultraje sexual: una violación. ‘No te vas a mandar ninguna, porque si no, te voy a reventar la cabeza’, le dijo -según la mujer- luego de atacarla sexualmente.
En ese momento, la mujer hacía 40 días que había dado a luz al hijo en común con ese sujeto, que con frecuencia la sometía a tratos humillantes y agresivos. Y partió denunciarlo en la UFI CAVIG, que coordina la fiscal Claudia Ruiz Carignano.
Con la colaboración de la ayudante fiscal, Silvina Zogbe, se motorizó una investigación en la que se concluyó que la mujer no mentía, porque a través de un médico constataron las lesiones que dijo haber sufrido. Y porque las pericias psicológicas del sospechoso, arrojaron como saldo que tiene un escaso control de sus impulsos y, además, presenta problemas con el consumo de sustancias estupefacientes, indicaron fuentes de la investigación.
Durante la investigación, la situación judicial para ese hombre (no mencionado para preservar a sus hijos menores) se complicó, porque las averiguaciones para determinar la existencia de los hechos que le atribuyen y su vinculación, incluyó una entrevista a la pequeña hija de la mujer, de 6 años, y esa nena terminó por decirle y describirle a los psicólogos, conductas de su padrastro (como besos en la boca) que fueron asimiladas a abusos sexuales simples.
El plazo de prisión preventiva para el imputado, vence el próximo 26 de julio. Pero a la luz de las nuevas revelaciones de la menor y ante la posibilidad de que pueda darse a la fuga o entorpecer la investigación, Fiscalía solicitó que se prorrogara la prisión preventiva por 45 días.
Y aunque su defensora, María Noriega, negó esas alternativas y propuso dejarlo libre, sujetándolo a cumplir reglas de conducta (como someterse al proceso, presentarse a una comisaría y no molestar ni acercarse a la denunciante y sus hijos), el juez del caso, Javier Figuerola, entendió que, excarcelado, la continuidad del proceso corría riesgos. Por eso ordenó extender el plazo de encierro preventivo del sospechoso, como solicitó Fiscalía, que ahora recabará las últimas evidencias antes de pedir el cierre de la investigación y elevar el caso a juicio. Claro está, siempre que el imputado, no decida admitir su responsabilidad y acordar un juicio abreviado a cambio de una rebaja en su condena.
