Patricia Solorza vivía en Ezpeleta. Tenía una hija de 4 años y un hijo de 14 con retraso madurativo, una meningitis de chiquito lo había dejado sin poder hablar ni escuchar. Vivía con su madre y su padre, un varón violento que la había golpeado desde pequeña.
En 2014 Patricia quedó embarazada una vez más. Tuvo un aborto. Su familia asegura que no sabía del embarazo. La detuvieron porque la policía encontró restos de un feto. Una jueza consideró que había matado a una persona y la condenó a ocho años por homicidio agravado por el vínculo. Ella siempre dijo que no supo qué le pasó.
En un juicio abreviado se declaró culpable porque así -dijo después- la hicieron sentir. Su defensa alegó emoción violenta. Patricia pensó que le darían prisión domiciliaria por su hija tan chiquita y su hijo con discapacidad. La jueza la mandó al penal. Llevaba cinco años presa cuando el 3 de agosto murió en un hospital a los 40 años. Hacía casi dos meses que estaba internada. Las esposas que la aferraban a la camilla se las sacaron el día antes de morir.
Patricia jugaba al rugby, estudiaba Sociología en el CUSAM (de la Universidad de San Martín) y participaba de talleres artísticos de “Yo No Fui”, una organización social que trabaja en las cárceles. Clarín habló con María Medrano y Alejandra Rodríguez, de “Yo No Fui”. “Hacía meses que pedía ir al hospital, se sentía mal y sólo le dieron Ibuprofeno, ella pedía que la llevaran a un hospital, pero recién la llevaron cuando se descompuso y ya era tarde, tenía un litro de pus en su cuerpo”, dicen.
“Patricia no debería haber estado ni un solo día presa. Y sino tendría que haber tenido arresto domiciliario por su hija chiquita y su hijo con discapacidad. Todavía hay mujeres presas por tener un aborto. Todos los días se mueren mujeres en las cárceles. Las cárceles de nuestro país huelen a muerte, reproducen muerte”, dice María.
“Estaba reclamando sus salidas transitorias y la condicional, pero los informes de la Unidad Penitenciaria nunca llegaron, su defensor oficial no hacía su trabajo. Acá hay muchas cosas que no funcionaron“, agrega Alejandra. Las mujeres ahora están acompañadas por organismos de derechos humanos para reclamar Justicia.
“Estamos tratando de reconstruir qué fue lo que pasó. Hay una causa en la justicia y una investigación de Asuntos Internos para ver si hubo irregularidades”, explica a Clarin Xavier Areses, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Según Areses, Patricia fue atendida en el penal el 20 de mayo. Tenía un cólico. Fue enviada al hospital Bocalandro, del que volvió a las dos horas. Luego, la información oficial es que el 24 de junio fue derivada nuevamente al Bocalandro, con un cuadro de diarrea y dolor abdominal. Quedó internada. El 5 de julio fue sometida a una intervención quirúrgica y el 17 fue intervenida nuevamente. El 22 ingresó a terapia intensiva por presentar un fallo respiratorio y un shock séptico. El juzgado de Ejecución Penal de Quilmes pidió el 2 de agosto que se dejara sin efecto las medidas de sujeción, por lo que se le quitaron las esposas. El 3 de agosto murió.
Consultado sobre por qué Patricia tuvo las esposas puestas hasta casi su muerte aún teniendo informes de buena conducta en el penal, Areses explica que “la orden de sacarlas las da el juez” y que el SPB no lo pide porque “sería imposible hacerlo con cada persona”. “Se puede criticar el uso de elementos de sujeción pero tenemos escapes de centros de salud…”, dice el funcionario.
“Es un caso tremendo que tiene muchas coincidencias con el caso de Belén, y que pone al descubierto una gran maquinaria simbólica que dentro del poder judicial y en un accionar articulado con el sector de la salud terminan por convertir en delito un evento obstétrico adverso“, explica a Clarín Soledad Deza, abogada de Belén.
En de marzo de 2014 Belén llegó al hospital porque se sentía mal. La detuvieron en la guardia. La acusaron de “aborto seguido de presunto homicidio” hasta que la Corte provincial ordenó su liberación, casi tres años después. Belén finalmente fue absuelta.
“Patricia no tuvo una defensa legal feminista. Afortunadamente Belén la tuvo en el tramo final, luego de su condena, pero es lo que le permitió conseguir primero su libertad y luego su absolución -dice Deza-. Esto nos tiene que conmover al punto tal de no bajar los brazos y buscar cada mujer que el sistema penitenciario nos tiene ocultas bajo estas mismas condiciones, porque nadie debe estar presa por abortar“.
