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El femicida de Úrsula Bahido (18), Matías Ezequiel Martínez es parte del 12% de policías asesinos que mataron a sus parejas o ex hasta el 31 de enero de este 2021. Las estadísticas fueron brindadas por el Observatorio de Mumalá. Silvia Ferreyra, coordinadora de esta organización nacional, expresó en la TVP que estos agentes u oficiales parte de la seguridad del país estaban en actividad o retirados. En el caso de Úrsula, su expareja estaba bajo licencia psiquiátrica desde el 2020.

La historia violenta del oficial Matías Ezequiel Martínez, el asesino de Úrsula Bahido, acusado de apuñalarla en el cuello en un descampado de la zona de Rojas y de luego llamar a su propio tío para alertarlo del femicidio que generó una fuerte indignación a nivel nacional, parece ser larga en el tiempo. Al momento del crimen, Martínez, separado de la Policía Bonaerense desde 2020 con una carpeta psiquiátrica cuyos contenidos se desconocen, tenía una cita pendiente para el 18 de febrero en el Juzgado en lo Correccional N°1 de la jurisdicción por una causa por amenazas calificadas que data de 2019.

También, tenía otra causa en su contra: estaba radicada, según información de altas fuentes de la Procuración a la que accedió Infobaeen la UFI N°5 de Sergio Terrón, el mismo que investiga el femicidio de Úrsula. La víctima en ese expediente es Úrsula misma. La denunciante es su madre, Patricia Nasutti, con un expediente iniciado el 28 de enero. Los delitos: amenaza y desobediencia. El 9 de ese mes, según un documento judicial, se inició otro expediente, mismas calificaciones, una información que consta en el Juzgado de Paz local.

Úrsula misma luego denunció a Martínez, también por los mismos delitos en la UFI N°3, una causa iniciada días más tarde, el 5 de febrero, tres días antes del crimen. La joven de 18 años se había hartado. Martínez tenía una perimetral en su contra que nuevamente violaba.

Sin embargo, a pesar de todas estas denuncias, Úrsula no recibió siquiera un botón antipánico, un recurso considerado insuficiente en situaciones de violencia de género extrema y proximidad entre víctima y victimario. “Hay diez botones antipánico en todo Rojas, que tiene 30 mil habitantes. Se le estaba buscando uno”, asegura una fuente en la zona. El botón, por otra parte, depende del Ejecutivo municipal.

Así, con tres líneas de defensa del Estado a cargo de su seguridad, la joven de 18 años fue llevada por su asesino al paraje rural Guido Spano en la zona de Cuartel V para ser apuñalada en el cuello hasta la muerte el lunes por la noche. El asesino fue directamente con un cuchillo de carnicero a las arterias del cuello: también la hirió en el abdomen y en el dorso, según el reporte de autopsia.

La situación judicial continuó, con Martínez suelto en la calle. El 8 de febrero, en la mañana de la muerte, un oficio es enviado a la Comisaría de la Mujer local desde el Juzgado de Paz a cargo del magistrado Luciano Callegari. En el texto, el Juzgado citó el expediente iniciado el 9 de enero, un mes antes, pidieron la restricción de acercamiento a Úrsula con un radio de exclusión de 200 metros.