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En el día internacional contra la trata de personas, una de las referentes de un movimiento sanjuanino, fue consultada por el caso de la joven de La Bebida que se fue de su casa y que está siendo investigado por la Justicia Federal como un caso de trata o de narcotráfico.

La licenciada en Trabajo Social explicó que más allá de que Jenifer se haya comunicado con su familia “no hay que subestimar el caso”. “No podemos ser liviano con estas cosas”, dijo María Arroyo a Chicas Precavidas.

La profesional que trabaja hace años en la prevención de casos de trata en San Juan explicó que no es usual que una persona se vaya de su casa a otro país y agregó: “Esto no es común y no hay que arriesgarse hasta saber la situación que la rodea”. Arroyo explicó que es importante analizar el contexto de Jenifer y por más que se haya ido por voluntad propia al no contar con dinero es más vulnerable. “Los medios económicos con un factor vulnerabilidad y si ella quisiera venirse como lo haría”, se preguntó en radio Amanecer.

En cuanto al tema trata de personas explicó que se refiera a la captación de personas sobre todo mujeres, niños y niñas que son traslados con la idea de explotación laboral o sexual con el objetivo de vulnerar sus derechos.

La profesional agregó que en San Juan se viene trabajando en la temática desde hace tiempo y agregó que quien conozca un caso debe denunciarlo en la línea 154,102 o a la Dirección de la Mujer.

La trata de personas en Argentina

Durante 2018 se iniciaron en la Argentina 3254 investigaciones preliminares por denuncias de trata de personas, según surge de información oficial que al menos cuatro ministerios nacionales aportaron al gobierno de los Estados Unidos para la confección de un informe anual que analiza el tráfico de personas en todo el mundo.

Asistencia a las víctimas

El mes pasado, Diputados convirtió en ley -con 183 votos a favor, uno en contra y una abstención- la creación de un fondo fiduciario para asistir a las víctimas de la trata de personas en la Argentina. La propuesta había sido impulsada desde el oficialismo en línea con los puntos planteados en 2012, cuando se sancionó la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Ese fondo se nutrirá del manejo de los bienes decomisados a las organizaciones criminales dedicadas a este delito.

“La iniciativa propone crear un fideicomiso público para la administración de los bienes muebles e inmuebles provenientes de este delito, y que dichos recursos sean destinados a la asistencia de las víctimas. También contempla que, al momento de la sentencia, se ordenen las reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima como medida de reparación del daño sufrido”, explicó el Poder Ejecutivo tras la sanción de la ley.